Qué dice
- La Ley 3/2026, de 30 de abril, de las Cortes de Castilla-La Mancha, modifica el Estatuto de las Personas Consumidoras de la región (Ley 3/2019). Se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 12 de mayo y en el BOE el 9 de noviembre de 2026 (BOE-A-2026-23389); entró en vigor a los tres meses de su publicación autonómica, el 12 de agosto de 2026.
- Entre las infracciones graves añade que la obsolescencia prematura «también se considera fraude en la duración» (nuevo art. 141.4).
- Hasta ahora la norma regional solo preveía que la obsolescencia programada pudiera considerarse fraude en calidad cuando se desarrollara por reglamento; ese desarrollo ya no hace falta.
- Las sanciones pasan a ser las de la legislación estatal básica de consumo: la ley autonómica deja de fijar cuantías propias (la versión de 2019 preveía multas de 5.001 a 100.000 euros para las graves).
- Las infracciones graves prescriben a los tres años, la calificación se agrava cuando la facturación afectada supera los 600.000 euros y quien sea sancionado por una infracción muy grave no podrá recibir ayudas autonómicas durante cuatro años.
- Lo que la ley no aclara: no define la obsolescencia prematura ni cómo se acredita, y no menciona la Directiva (UE) 2024/1799 sobre la reparación de bienes.
Texto: boe.es (Ley 3/2019, versión original, para comparar)
Texto: boe.es (ELI de la Ley 3/2026)
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